Según la defensoría del Pueblo, a julio de 2015, se reportaron 148 conflictos activos en el país, de los cuales el 76.4% (113), se generaron por aspectos socioambientales. De estos 113 conflictos socioambientales, el 61.9% (70) está relacionado a la actividad minera, 16.8% (19) al sector hidrocarburos y 8.0% (9) al sector energético, siendo que la diferencia se debe a temas de saneamiento, agroindustriales y forestales. La pregunta es: ¿Por qué un sector como la minería, que sin duda es en la actualidad el motor de crecimiento de nuestro país, es motivo de tantos conflictos?

Para intentar encontrar una respuesta, primero es importante revisar algunos datos. Según el Instituto Peruano de Economía, la minería representa hoy para el país el 11.7% del PBI, más del 50% de divisas y el 20% de la recaudación fiscal. Por otro lado, según el Banco Central de Reserva, la cartera de inversiones para los próximos 3 años es de aproximadamente US$ 57,200 millones, de los cuales el 25% corresponde a proyectos mineros, 13% al sector hidrocarburos, 8% a electricidad y 7% a infraestructura.

 

Nace entonces una nueva interrogante: ¿Es posible prescindir hoy de la minería y lograr el desarrollo que todos esperamos? La respuesta es no. Muy por el contrario, en el corto/ mediano plazo, la minería [responsable] debería servir para impulsar otros sectores, a fin de diversificar significativamente nuestra cartera de exportaciones en el largo plazo. A pesar de ello, hoy hay muchos opositores [políticos y no políticos] a las actividades mineras.

La Defensoría del Pueblo define un conflicto como un “proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades, son contradictorios, creándose una      situación que podría derivar en violencia “.Veamos entonces, en que puntos creemos que se está generando esta contradicción:

• ¿A más dinero, más corrupción?: Una encuesta de opinión pública realizada en julio 2015 por IPSOS, revela que la corrupción es percibida entre los peruanos como el segundo mayor problema del país (52%), solo superada por la falta de seguridad (64%). Esta tendencia ha sido creciente en los últimos años. Y es que, a juzgar por la gran cantidad de funcionarios públicos, alcaldes, presidentes regionales, congresistas, entre otros, presos con procesos de investigación por temas de corrupción, pareciera que los beneficios de 10 años de crecimiento promedio de 6% del PBI, no solamente han revertido al país [menos pobreza, mayor infraestructura, mejores servicios, etc.], sino también a los bolsillos de quienes lideraban algún gobierno local o regional.
• Información: Muchos de los conflictos socioambientales han sido generados por la falta de información de la población perteneciente al área de influencia directa (AID), ya sea por parte de la empresa privada o de las instancias correspondientes de gobierno. Esta “desinformación” es aprovechada además por otros actores [en su mayoría con intereses políticos), cuyo sesgo genera finalmente posiciones opuestas que terminan por activar el conflicto.
• Pobreza: En los últimos 5 años, los niveles de pobreza a nivel nacional se han reducido significativamente, pasando de 33.5% en el 2009 a 217% en el 2014 [Fuente: INE!]. A pesar de ello, los casi 7 millones de peruanos que aún viven en condición de pobreza, pasan la factura a un país del que todos hablan por su fortaleza del grueso de países del globo, pero que por ahora no ha podido cambiar su condición de vida. Esto se agrava, en la medida en que regiones que acogen a proyectos mineros de gran envergadura, aún presentan estadísticas elevadas de pobreza. Tal es el caso de Cajamarca, que se encuentra en el grupo de regiones con mayor nivel de pobreza [entre 52,4% y 47,4%]; Apurimac, que se encuentra en el segundo grupo de regiones con mayor nivel de pobreza [entre 42,6% y 35,2%); y Ancash, Cuzco y Junin, que se encuentra en el cuarto grupo con mayor nivel de pobreza [entre 24,7% y 18.2%]
• Desarrollo y competitividad de las regiones: Según el “Indice de Competitividad Regional 2015” publicado por el Instituto Peruano de Economia, las regiones con proyectos mineros de gran envergadura no necesariamente son las más competitivas. La excepción a esta afirmación son Moquegua y Arequipa, que ocupan el segundo y tercer lugar en el ranking. la región Cosco ocupa el puesto 8. Ancash el puesto 11, Junín el puesto 13, Apurímac el puesto 15, y Cajamarca el puesto 23. Podemos concluir entonces que, por lo menos en la coyuntura que nos toca vivir, la minería per se, no ha generado mayor competitividad en las regiones cuyo motor económico relevante es la minería.
• Pasivos medioambientales: No es novedad que los estándares de contaminación de hace 30 o 40 años eran distintos a los de ahora. Tampoco es novedad que bajo ese contexto (enmarcado en procesos y tecnología de la época]. Las industrias en general contaminaron suelo, aire, ríos y costas marinas. Es un pasivo que cada empresa debe remediar [de hecho muchas ya lo están haciendo], pero cuya mochila arrastrarán por siempre. Lo que no muchos tienen claro, es que tanto la normativa nacional e internacional vigente, como las alternativas tecnológicas, los nuevos procesos y la propia responsabilidad social, obliga a las empresas a operar de manera sostenible.
• Liderazgo y gestión: Si algo se ha evidenciado en estos últimos años a nivel de gestión pública, es la falta de liderazgo para afrontar, entre otros, los conflictos socioambientales derivados de proyectos mineros. Ejemplos hay varios: Conga, Michiquillay, Tía María, entre otros. La falta de decisión de las autoridades, sumado probablemente a su necesidad de “querer quedar bien con todos”, ha sido un aspecto crítico, que en muchas ocasiones ha desencadenado en situaciones que parecían incontrolables. Un factor a tomar en cuenta, es el deficiente proceso de descentralización, evidenciado por la falta de capacidad técnica de los gobiernos regionales y locales para administrar los recursos.

• Compromisos no cumplidos: Uno de los caballitos de batalla del actual presidente fue justamente su posición adversa a los proyectos mineros, aduciendo que “la gente no come oro”. Este argumento demagogo (por cierto, no es exclusivo de nuestro actual presidente] y poco sostenible en el tiempo, ha sido uno de los principales motivos por los que la población que votó por él, perdiera la confianza.

• Nuevo enfoque ele la RSE: En la medida en que las empresas sostengan la “declaración mental” de que la RSE es sinónimo de subsidiar o “hacer un favor a la población del área de influencia directa, las cosas poco podrán cambiar. El desarrollo sostenible conlleva que todas las partes [Estado, sociedad, empresa privada] generen sinergia, en el marco de objetivos comunes claros y planificados, información oportuna y transparente, respeto mutuo y trato igualitario, es probable que los elementos contradictorios que generan el conflicto, desaparezcan.

Hay mucho por hacer para evitar cometer los errores del pasado. Lo cierto es que, por ahora, es difícil imaginar un Perú sin minería. En la medida en que dejemos a “otros” que resuelvan el problema, todo seguirá siendo igual. Si por el contrario, asumimos desde nuestra posición un compromiso de cambiar las cosas, entonces, el Perú que nos imaginamos, será el Perú que tendremos.